ALMOLOYA DE JUÁREZ, Méx.- En 2018, Edgar “N” cometió un ilícito no grave bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, hecho que afectó su situación jurídica y la estabilidad de su núcleo familiar.
Para él, enfrentar una pena privativa de libertad era inminente, pero esto cambió cuando personal del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), le informó sobre el Programa de Justicia Terapéutica, en su modalidad de Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA).
A cambio de no ir a prisión, aceptó someterse a un tratamiento de rehabilitación por consumo excesivo de alcohol y marihuana, por lo que un juez suspendió de manera condicional el proceso que se le seguía.
“No lo platico con mi familia, porque fue aquí mismo donde yo tomé la decisión, fue aquí mismo donde yo dije no, pues si está bien, si es algo que me va beneficiar tengo que escoger esa opción”, recuerda Edgar, quien además se sometió a intervenciones psicológicas como parte de su tratamiento.
“Se fueron adentrando más y más las pláticas, y yo fui abriéndome más con mi psicóloga y le iba comentando más de los diferentes problemas que tenía”, refirió.
Personal especializado revisó el tratamiento de rehabilitación, la abstinencia de drogas, asistencia a las audiencias, actividad laboral y académica e integración al núcleo familiar.
Después de ocho meses, el imputado logró graduarse, y con ello, se da por sobreseído su proceso y extinguida la acción penal en su contra, así como la entrega de su Certificado o Informe de No Antecedentes Penales.
El Tribunal de Tratamiento de Adicciones forma parte de la estrategia estatal para privilegiar la reinserción social sobre el castigo penal del cual derivan 66 graduados a la fecha.
Se realiza con la supervisión y trabajo coordinado del Poder Judicial estatal (PJEM), las secretarías de Justicia y Derechos Humanos, de Salud, de Seguridad, así como de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM).
De acuerdo con la Defensora Pública, Mireya Onofre Montañez, el programa abarca cuatro etapas: la evaluación integral, tratamiento con satisfactores cotidianos y prevención de caídas, mantenimiento de la meta del consumo y la reinserción.
“Todas y cada una de ellas tienen que ser cumplidas en su totalidad por el participante, ya no percibimos al infractor de la norma como un delincuente, sino como una persona enferma, porque hemos atendido que la adicción es una enfermedad y así ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud”, señaló Onofre Montañez.
En tanto, el Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento Especializado en Materia de Tratamiento de Adicciones, José Alfredo Cedillo, indicó que una vez graduados del programa, se les da un seguimiento y se monitorean por un año, por las áreas de trabajo social y terapéutica.
El programa de justicia terapéutica aplica a personas adultas o adolescentes incluso que ya están sentenciados. Desde su implementación en 2014, el TTA ha evaluado 349 adultos y ha aceptado 194; actualmente 108 están en tratamiento y 33 personas fueron expulsadas por violaciones a la norma.
“Cada que hay una graduación el saber que hemos intervenido de manera positiva no solamente en una persona, sino que esto favorece y beneficia a su entorno más próximo que es su familia, si tomamos en cuenta si generalmente una familia está compuesta cuatro personas, al intervenir en una y lograr que ella pueda dejar de consumir drogas, lograr que ella reanude estudios, tenga trabajo, se capacite, lograr que ella deje de cometer delitos estamos beneficiando a todo su entorno”, apuntó el Juez Cedillo.
El gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de coadyuvar en la reinserción social de la población y de representar de manera gratuita a quienes lo requieran, por lo que pone a su disposición el Instituto de la Defensoría Pública vía telefónica 01(722) 2804484 y 2808613, así como el correo defensoria.publica@edomex.gob.mx.
