TOLUCA, Méx.- Los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de México, a través de la Secretaría de la Contraloría y del Consejo de la Judicatura, respectivamente, ratificaron su compromiso para seguir sumando esfuerzos en la rendición de cuentas, la transparencia y combate a la corrupción.
Así quedó de manifiesto en el convenio de coordinación que estas dependencias firmaron, en el marco de la integración del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, enfocado a que el Poder Judicial adopte procedimientos para mejorar el cumplimiento de la declaración de situación patrimonial y de intereses.
Dicho documento incluye estrategias para el fortalecimiento de los sistemas y mecanismos relacionados con la presentación y recepción de ambas obligaciones.
El secretario de la Contraloría refirió que el Gobierno mexiquense tiene como prioridad consolidar al Sistema Anticorrupción estatal; como quedó plasmado en el Plan de Desarrollo del Estado México 2017-2023.
Una de las líneas de acción establecidas, agregó, es la de instruir que las y los servidores públicos cumplan con las declaraciones patrimoniales, de intereses y constancia de la presentación de la declaración fiscal, como parte de los instrumentos para la rendición de cuentas.
En tanto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, afirmó que los colaboradores del Poder Judicial se caracterizan por su alta vocación de servicio, pues la impartición de justicia exige que se cuente con los mejores perfiles, en términos de transparencia y rendición de cuentas, ya que de esta manera se contribuye a consolidar el Sistema Anticorrupción estatal.
Aseguró que el convenio permitirá fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción, desde un enfoque preventivo, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, pues este Tribunal es un aliado del gobierno mexiquense en dichos temas.
Éste es el segundo convenio signado entre ambos Poderes, toda vez que el primero de ellos, denominado Convenio General de Colaboración, se firmó en octubre del año pasado y, junto con el actual, permitirá establecer las bases para desarrollar acciones que robustezcan el quehacer de los Poderes Ejecutivo y Judicial, en materia de prevención y combate a la corrupción.
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